Estudio de Transparencia por Colombia señala que la administración pública en el país sigue siendo un escenario de oportunidad para la corrupción a pesar de la innovación normativa.
En números rojos de corrupción se encuentran 59 de los 167 organismos del Estado evaluados por Transparencia por Colombia en su último informe sobre gestión pública. Sobre 100 puntos, ninguna entidad logró un nivel de riesgo de corrupción bajo, Fiscalía General de la Nación, Senado de la República, contralorías departamentales, Gobernación de Guainía, Guajira y Chocó, reprobaron el examen.
De las 32 contralorías evaluadas, tres se encuentran en un nivel muy alto de corrupción, 13 en alto, 11 en medio y cinco en un nivel moderado, esto quiere decir que el 50 por ciento de seccionales se encuentran en rangos bajos y muy bajos de transparencia. Por su parte, la Contraloría de Cundinamarca mejoró pasando de un riesgo alto a moderado.
Para el Superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, la tecnología es una herramienta para combatir la corrupción “Los mecanismos tecnológicos son útiles para la divulgación. Las páginas web permiten un suministro de información permanente a los ciudadanos sobre las actividades que se cumplen en la organización, no solamente sobre la contratación y el presupuesto, también sobre las cuestiones jurídicas que se cumplen sobre la entidad” concluyó.
Por otra parte, de los 32 departamentos, 13 gobernaciones tienen números rojos. Guainía, Guajira y Chocó presentan los más altos niveles de corrupción. Cabe resaltar que de las 28 alcaldías analizadas, a excepción de Bogotá, Medellín y Cali, 16 presentan niveles altos y muy altos de riesgos de corrupción.
A pesar de la innovación normativa, Liliana Caballero, directora del Departamento Administración de la Función Pública, se mostró satisfecha con los resultados, aunque manifestó que se deben incrementar los esfuerzos. “No es fácil, son muchas las exigencias para acabar con la opacidad, se están haciendo trabajos grandes, de hecho, hay mejora en varios departamentos y ciudades. Desde el Gobierno se están apoyando todos los entes territoriales grandes y pequeños para que logren incrementar medidas y de esta manera mejorar la trasparencia”.
Liliana Caballero.
En este sentido, las calificaciones más aceptables, catalogadas como riesgo moderado, la conforman en un 27 por ciento las entidades nacionales, 22 por ciento de las gobernaciones y sólo 11 por ciento de las alcaldías evaluadas. El Instituto de Bienestar Familiar fue de las entidades que mejoró de un nivel de riesgo alto a moderado en comparación del último informe. Su directora, Cristina Plazas señaló que “hemos mejorando nuestros procedimientos fortaleciendo el control social, la supervisión de nuestros contratos, la supervisión de todos los servicios prestados y esto se refleja en el mejoramiento de 24 puntos respecto al pasado informe”.
Entrevista Cristina Plazas – directora ICBEF
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Otras entidades que superaron su gestión fue el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, y el Departamento Nacional de Planeación. Por su parte, Fiscalía General de la Nación con 50,9 puntos, el Senado de la República con 55,5 puntos y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi con 59,4 puntos de calificación sobre 100, estuvieron ubicados en un nivel, alto y muy alto de riesgo corrupción.
Esta metodología ciudadana identificó los riesgos de corrupción que ponen en peligro la gestión administrativa de entidades públicas. Como señala, Gerardo Andrés Hernández, director Ejecutivo de Transparencia por Colombia, “Los corruptos y el crimen organizado han encontrado en la administración pública un escenario de oportunidad para capitalizar recursos económicos, controlar el territorio y sus poblaciones, a través de la contratación pública y el empleo entre otros, que garantizan la manipulación políticas y provisión de bienes y servicios”. Esta evaluación también ratifica que los avances e innovaciones normativas e institucionales no son suficientes para remover las prácticas abusivas en los procesos de la gestión pública “Muchas veces la normas o resoluciones se quedan en el papel o no se les da la prioridad suficiente para implementarlos. Tenemos una brecha entre la teoría y la práctica que las entidades tienen que empezar a resolver, enfatizó Hernández, añadiendo que el control social sobre los procesos administrativos es contribuir a la lucha contra la corrupción.
Entrevista Andrés Hernández – Director Ejecutivo Transparencia por Colombia.
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Se adjuntan resultados del estudio presentados por Transparencia por Colombia.
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Periodista: Nicolás Rojas Castañeda
