Entre las sombras de la noche del 31 de agosto y el amanecer del 1 de septiembre de 2026, el municipio de Cajibío, en el centro del Cauca, volvió a convertirse en el mapa de una tragedia sistémica. María Ovidia Palechor y James Flor fueron asesinados. ¿Qué desaparece de una comunidad cuando sus liderazgos terminan convertidos en un número?

María Ovidia Palechor y James Flor

Nota. Ilustración de Jonathan Bejarano, tomada del reportaje de Mesa Loaiza (2026), publicado en El Espectador.

En una casa del sector de Las Casitas, en el corregimiento de La Pedregosa, quedaron dos cuerpos y una pregunta que una estadística difícilmente puede responder. El asesinato de los líderes sociales expone una vez más cómo buena parte de la cobertura informativa tiende a reducir la complejidad del conflicto a una métrica de cadáveres, dejando en segundo plano las relaciones, disputas y responsabilidades que atraviesan el territorio.

Indepaz elevó a 103 su registro de líderes sociales asesinados en Colombia contabilizados por la organización durante 2026. En Cauca, según el balance citado por Caracol Radio, eran ya 22 los líderes sociales asesinados en lo corrido del año (Vidal, 2026). Incorporar nombres a esta lista se ha convertido en una referencia recurrente para informar sobre violencia porque la cifra permite observar la escala, pero no necesariamente permite comprender el daño.

Registro de líderes sociales asesinados en Colombia y Cauca.

Nota. Captura de pantalla tomada de Vidal (2026), publicada por Caracol Radio.

María Ovidia Palechor Anacona era indígena Yanakuna, defensora de derechos humanos y había coordinado los programas de Defensa de la Vida y Derechos Humanos y de Mujer del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC. James Edimer Flor era líder campesino y representante departamental de la Mesa de Participación de Víctimas. ([CRIC], 2026; Parada Lugo, 2026). Eran pareja, compartían una casa, pero también una trayectoria de organización comunitaria en una región donde hablar en nombre de otros puede significar exponerse ante quienes disputan el territorio.

Parada Lugo (2026), en una noticia publicada por El País el 1 de septiembre, identifica a las víctimas, reconstruye parte de sus trayectorias y sitúa sus asesinatos dentro de la conflictividad que atraviesa el Cauca. En ese sentido, va más allá del registro básico del homicidio. También introduce el acumulado nacional de líderes asesinados y las advertencias de la Defensoría sobre las condiciones de seguridad en la región.

Registro de líderes sociales asesinados en Colombia y Cauca.

Nota. Captura de pantalla tomada de Vidal (2026), publicada por Caracol Radio.

Sin embargo, el caso permite formular una pregunta que trasciende esa cobertura particular y alcanza buena parte del tratamiento mediático de este fenómeno, ¿qué significa exactamente que maten a un “líder social”? El término parece suficientemente conocido como para no exigir explicación. Pero bajo una misma categoría caben autoridades indígenas, presidentes de juntas de acción comunal, dirigentes campesinos, defensores ambientales, representantes de víctimas, sindicalistas, líderes culturales y personas que, sin dedicarse profesionalmente al activismo, adquieren responsabilidades frente a sus comunidades.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz, s. f.) utiliza precisamente una definición amplia. Considera líder social a quien desarrolla actividades vinculadas con la defensa de los derechos de una comunidad u organización en una coyuntura determinada, incluso cuando esa labor no constituye su dedicación permanente. El concepto sirve para contabilizar, el problema aparece cuando la categoría comienza a reemplazar a la persona.

Visor de asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos

Nota. Captura de pantalla tomada del visor del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz, s. f.).

La categoría “líder social” permite clasificarlos, pero también corre el riesgo de borrar precisamente aquello que explica por qué su ausencia importa. María Ovidia Palechor y James Flor no desempeñaban una función abstracta ni idéntica.

María Ovidia articulaba procesos indígenas, defensa de derechos humanos, organización de mujeres y construcción de paz. Desde su trayectoria en el CRIC había coordinado programas de Defensa de la Vida y Derechos Humanos y del Programa Mujer, y en La Pedregosa acompañaba iniciativas comunitarias de paz. También había participado en reclamaciones posteriores a los hechos violentos ocurridos el 25 de abril en el sector de El Túnel. (Comisión Nacional de Territorios Indígenas [CNTI], 2026; Consejo Regional Indígena del Cauca [CRIC], 2026).

James, por su parte, representaba víctimas y procesos campesinos. Su liderazgo ocupaba otro lugar dentro de la misma arquitectura comunitaria: convertía necesidades locales en interlocución política y representación institucional. (CNTI, 2026; CRIC, 2026).

La diferencia importa. Matar a dos líderes no significa únicamente reducir en dos unidades el número de personas disponibles para una organización. Significa interrumpir funciones distintas que convergían en un mismo territorio: representación de víctimas, articulación campesina, defensa indígena, trabajo con mujeres, construcción de paz y conexión con instituciones.

Por eso la pérdida organizativa no puede medirse solamente contando cargos vacantes. El vacío también está en las relaciones acumuladas, en la confianza construida y en el conocimiento práctico de quién llamar, cómo reclamar, dónde denunciar y de qué manera convertir una necesidad individual en una demanda colectiva.

El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH, 2026) sostiene que ambos fueron fundamentales en los procesos de organización y en el reconocimiento de La Pedregosa como corregimiento y Territorio de Paz.

Meses antes de que María Ovidia Palechor se convirtiera en uno de los nombres del registro nacional de líderes asesinados, su voz ya estaba intentando evitar otra forma de conteo: el de las víctimas que dejaba la confrontación armada.

Después de los hechos ocurridos el 25 de abril en el sector de El Túnel, en Cajibío, participó en denuncias y reclamaciones relacionadas con la protección de las comunidades (Consejo Regional Indígena del Cauca [CRIC], 2026). En una de esas intervenciones formuló una exigencia elemental: que la población civil fuera sacada del conflicto. El CRIC sostiene además que líderes de la zona habían advertido reiteradamente al Estado sobre amenazas, presencia de actores armados y riesgos para la comunidad (CRIC, 2026).

Comunicado del CRIC sobre los asesinatos de María Ovidia Palechor y James Flor

Nota. Captura de pantalla tomada del comunicado del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC, 2026).

El antecedente no demuestra quién ordenó posteriormente su asesinato ni prueba que esas denuncias fueran el móvil. Esa distinción es fundamental. Pero sí demuestra que su liderazgo la situaba en un lugar particularmente expuesto ya que era una persona que intervenía públicamente en un territorio donde distintos actores disputaban capacidad de control.

Ahí reside otra zona gris. La exposición no equivale automáticamente a causalidad, pero tampoco puede ser tratada como un dato irrelevante. La investigación periodística debe conservar ambas ideas simultáneamente.

Rodríguez (2008) sostiene que la herida de la guerra jamás se agota en la detonación visible ni en el impacto seco del metal sobre la carne. Hay una violencia sorda que se filtra en las juntas de lo cotidiano, corrompiendo la confianza entre vecinos, enturbia la palabra compartida y deshilacha el entramado invisible de la solidaridad. El daño, entonces, nunca se detiene en el cuerpo que recibe el disparo, se ramifica implacable por la red viva de relaciones que esa existencia articulaba.

Según Clemencia Rodríguez, las comunidades se construyen mediante vínculos cotidianos y cuando esos vínculos se erosionan por la violencia, cuando el terror fractura esos hilos, se marchita la capacidad colectiva de interpretar el mundo, de nombrar la injusticia y de organizarse para resistir. A la inversa, la palabra comunicada, el tejido comunitario y la acción ciudadana actúan como un acto de reparación profunda: restituyen el sentido del "nosotros" y devuelven a los territorios su voz legítima en la esfera pública.

Desde esta perspectiva, el líder comunitario deja de ser una figura estática de representación para convertirse en una costura viva. Un puente tendido entre el desamparo de las víctimas y la frialdad del Estado. Entre una vereda cercada y otra que comparte su misma suerte, entre la dignidad de la guardia indígena y el surco campesino, entre el susurro de una denuncia individual y el clamor soberano de una exigencia colectiva, entre la parálisis del miedo privado y la audacia de transformarlo en causa común. Es en ese cruce donde el capital social de afiliación y de conexión dejan de ser etiquetas académicas superpuestas a la tragedia para encarnarse en nombres, trayectorias y memorias con pulso propio.

En el mapa de Cajibío, las vidas de María Ovidia Palechor y James Flor expresaban con nitidez esa doble vertiente: el arraigo entrañable en el afecto de su gente y la capacidad serena para conectar la fragilidad de su territorio con la geografía amplia de la organización y las instituciones.

Por eso, el periodismo de profundidad no puede resignarse a la métrica estéril de las cifras ni al registro frío del obituario. La pregunta urgente que la prensa debe formular frente al abismo no es únicamente cuántos líderes han sido asesinados, sino: ¿Qué tramas de la vida, qué puentes de confianza y qué hilos de futuro quedan irreparablemente rotos cuando la violencia apaga la voz de quien tenía la virtud de conectar a una comunidad con sus pares y con el mundo?

Sin organizaciones que contabilicen los asesinatos, muchos casos podrían quedar dispersos entre informes policiales, fiscalías regionales y noticias locales. El contador cumple, por tanto, una función pública que permite identificar frecuencia, concentración territorial y continuidad. Pero la misma herramienta puede producir un efecto involuntario cuando es reproducida mecánicamente por los medios.

La cobertura informativa dominante sobre el homicidio de Palechor y Flor ha gravitado en torno a dos esquemas predecibles. Por un lado, la prensa nacional enmarca el suceso bajo una lógica puramente judicial y reactiva: la publicación del parte policial, el anuncio de recompensas y la atribución genérica del crimen a "grupos armados al margen de la ley que se disputan el control territorial". Por otro lado, los pronunciamientos de sectores políticos suelen instrumentalizar la tragedia para validar discursos preconcebidos sobre el fracaso o el éxito de la política de seguridad gubernamental.

Esta polarización discursiva opera bajo una narrativa maniquea. Al presentar el asesinato de líderes sociales como un evento aislado o como un costo inevitable de la "geografía del narcotráfico", el periodismo tradicional evade las preguntas fundamentales: ¿Qué hilos de poder local se fracturan cuando se silencia a un líder? ¿Cuál es la responsabilidad del Estado en la persistencia de estas zonas de sombra donde la vida carece de garantías básicas?

El número crece mientras las biografías se encogen. María Ovidia puede convertirse en “la número 102” James, en “el 103” y el titular siguiente desplazará a ambos cuando aparezca el 104. No se trata de abandonar la estadística, sería un error, se trata de preguntarse qué necesita acompañarla para que informe en lugar de anestesiar porque la cifra dice que existe recurrencia, la biografía explica qué se perdió, el territorio muestra por qué importa y la investigación debe intentar establecer quién se beneficia del silencio que queda.

Hablar de “ausencia del Estado” resulta insuficiente para explicar lo ocurrido en Cajibío. El Estado estaba allí, al menos en algunos de sus rostros institucionales. La Defensoría del Pueblo (2023) había advertido que en el municipio existía un escenario de riesgo para líderes sociales, campesinos y defensores de derechos humanos asociado a la actuación de estructuras armadas. La alerta contemplaba amenazas, homicidios selectivos, desplazamientos, confinamientos y restricciones a la movilidad.

Alerta Temprana de Inminencia 007-23 para Cajibío, Cauca

Nota. Captura de pantalla tomada de la Alerta Temprana de Inminencia 007-23 de la Defensoría del Pueblo (2023).

En los casos de María Ovidia y James existían antecedentes de amenazas, denuncias territoriales y exposición frente a actores armados. Las organizaciones que conocían su trabajo consideran que estos antecedentes son relevantes para investigar los homicidios. Pero en las primeras noticias del 1 de septiembre, ni los responsables ni los móviles habían sido judicialmente determinados (Redacción Judicial, 2026).

Información sobre responsables, móviles y estructuras armadas presentes en Cajibío

Nota. Captura de pantalla tomada de Redacción Judicial (2026), publicada por El Espectador.

La paradoja está precisamente ahí, el riesgo había sido identificado institucionalmente y, aun así, seguía siendo capaz de materializarse. La pregunta entonces deja de ser simplemente dónde estaba el Estado y se vuelve más incómoda: ¿qué ocurre entre una alerta y la protección efectiva de quienes viven dentro del territorio advertido?

Esa distancia entre advertir y proteger constituye una de las zonas grises más importantes del caso. Una institución puede conocer el riesgo sin tener capacidad suficiente para eliminarlo, puede emitir recomendaciones sin que estas se traduzcan de manera inmediata en garantías efectivas y también puede existir formalmente en el territorio y, al mismo tiempo, resultar insuficiente frente a órdenes armados que regulan la vida cotidiana.

Tras los asesinatos, las autoridades departamentales realizaron un Consejo de Seguridad para revisar la situación y plantear nuevas medidas de protección para las comunidades (Leguizamo, 2026). La secuencia resulta reveladora: primero existieron las advertencias; después ocurrió el homicidio; posteriormente se revisaron nuevas medidas. El problema no puede reducirse entonces a una oposición sencilla entre “Estado presente” y “Estado ausente”. Lo que aparece es un Estado de capacidades desiguales, cuyos mecanismos de prevención, reacción y protección deben ser examinados por separado.

Consejo de Seguridad posterior al asesinato de los líderes sociales

Nota. Captura de pantalla tomada de Leguizamo (2026), publicada por Caracol Radio.

La investigación académica en sociología jurídica demuestra que la violencia contra defensores de derechos humanos no busca únicamente la eliminación física del individuo, sino la desarticulación de los procesos organizativos. Cuando María Ovidia Palechor y James Flor fueron asesinados, el impacto no se limitó a la pérdida de dos vidas; se produjo una ruptura en la capacidad de negociación de sus comunidades frente a actores armados y corporativos. La "zona gris" reside en comprender que la impunidad en estos casos no es una falla accidental del sistema, sino un elemento estructural que permite la reconfiguración violenta del territorio.

La concentración de casos en Cauca obliga además a mirar más allá de los homicidios individualmente considerados. El departamento reúne distintas comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes, corredores estratégicos, economías legales e ilegales y organizaciones armadas que disputan control territorial y social. En Cajibío, los reportes disponibles describen presencia y movilidad de distintas estructuras disidentes.

Pero reducir el Cauca a “zona violenta” produciría otra simplificación. Precisamente una de las tesis centrales de Lo que le vamos quitando a la guerra advierte contra esa mirada. Rodríguez señala que la guerra no agota la vida de las comunidades: incluso en territorios atravesados por el conflicto existen procesos culturales, políticos, comunicativos y cotidianos que no pueden interpretarse exclusivamente como respuestas a la violencia. (Rodríguez, 2008)

La Pedregosa es un buen ejemplo de esa contradicción. Es un territorio donde operan dinámicas armadas y, al mismo tiempo, una comunidad que decidió declararse Territorio de Paz. Es allí donde la categoría de “zona gris” adquiere mayor sentido porque el territorio no es solamente víctima y tampoco está fuera del conflicto, produce organización mientras enfrenta coerción, construye paz dentro de un espacio donde persiste la violencia y sus líderes pueden ocupar simultáneamente lugares de representación, resistencia, intermediación y exposición.

Desde los marcos teóricos del análisis mediático, la información sobre el liderazgo social destruido suele apelar a un capital social de afiliación (bonding). Las noticias se redactan para apelar a la empatía inmediata o al sesgo de confirmación de audiencias urbanas que consumen la tragedia como un paisaje ajeno y recurrente. Se genera compasión o indignación episódica, pero no una comprensión de las causas subyacentes.

Por el contrario, el verdadero liderazgo social en el Cauca encarna el capital social de conexión (bridging): la habilidad de tejer puentes entre las comunidades étnicas, el campesinado y las instituciones del Estado. Cuando la violencia frena estos procesos y el periodismo no logra explicarlos en su verdadera dimensión, se rompe la posibilidad de construir una ciudadanía compartida. La prensa no debe limitarse a registrar el impacto del proyectil, debe cartografiar el vacío organizativo que deja la ausencia del líder.

El asesinato de María Ovidia y James fue noticia, por lo tanto, la continuidad de los asesinatos de líderes es un fenómeno y confundir ambos niveles limita la capacidad explicativa del periodismo ya que la noticia responde: quién murió, dónde, cuándo y qué dijeron las autoridades. En cambio el periodismo analítico debe avanzar hacia otras preguntas: ¿qué liderazgo ejercían?, ¿qué relaciones articulaban?, ¿qué conflictos territoriales estaban intentando tramitar?, ¿existían advertencias previas?, ¿qué medidas se adoptaron?, ¿qué ocurre con las organizaciones después del asesinato?, ¿quién asume las funciones que ejercía la persona muerta?, ¿el miedo modifica la participación comunitaria?, ¿las denuncias continúan o se silencian? y, especialmente: ¿qué patrón aparece cuando esas respuestas se comparan entre decenas de casos?. Ahí la muerte deja de ser un suceso aislado y puede comenzar a analizarse como fenómeno.

Las consecuencias de un asesinato político o comunitario no pueden medirse únicamente en el instante del crimen. Aparecen después, cuando quienes permanecen deben decidir si continúan ocupando los lugares que la violencia acaba de volver peligrosos.

Tras los asesinatos de María Ovidia Palechor y James Flor, el primer efecto documentado fue el miedo. Amigos y personas cercanas a la pareja describieron un silencio que se instaló entre quienes los conocían, una mezcla de dolor, incertidumbre y temor frente a lo ocurrido (Meza Loaiza, 2026).

Reconstrucción periodística del impacto comunitario posterior a los asesinatos

Nota. Captura de pantalla del reportaje de Mesa Loaiza (2026), publicado en El Espectador. La ilustración corresponde a Jonathan Bejarano.

Pero el silencio no significó desaparición absoluta de la organización. El 3 de septiembre, comunidades indígenas y campesinas despidieron a María Ovidia, al día siguiente enterraron a James. En esos actos comenzó también otra disputa: la de decidir qué hacer con el legado que dejaron. El reportaje posterior de El Espectador encontró una comunidad golpeada que intenta continuar los procesos que ambos representaban, aunque todavía no tenga claridad sobre cómo reemplazar las relaciones, funciones y liderazgos acumulados durante años.

Ese punto modifica una lectura demasiado lineal del efecto de la violencia. El asesinato puede fracturar una organización sin destruirla completamente. Puede producir miedo y simultáneamente activar mecanismos de memoria y continuidad. Puede disminuir la disposición individual a asumir ciertos riesgos mientras fortalece el compromiso colectivo de quienes consideran que abandonar el proceso equivaldría a concederle a la violencia su objetivo.

María Ovidia articulaba procesos de mujeres, derechos humanos, organización indígena y construcción de paz. James conectaba a víctimas y comunidades campesinas con espacios institucionales de representación. El CNMH los considera fundamentales en los procesos que permitieron consolidar a La Pedregosa como corregimiento y Territorio de Paz.

Lo que quedó vacío, por tanto, no fueron solamente dos puestos. Quedaron funciones que ahora deberán redistribuirse, relaciones que tendrán que reconstruirse y una pregunta práctica que atraviesa toda organización sometida a violencia: quién está dispuesto a ocupar el lugar que acaba de demostrar cuánto puede costar ocuparlo.

La respuesta inicial de la comunidad parece contener una contradicción profundamente humana. Hay miedo, pero también voluntad de continuidad. Hay silencio, pero ese silencio no equivale todavía a rendición. Hay una organización herida que intenta decidir cómo seguir existiendo sin quienes ayudaban a sostenerla.

El asesinato de María Ovidia Palechor y James Flor no puede comprenderse únicamente como la muerte de dos líderes sociales ni como dos nuevos registros dentro de una estadística nacional. El caso permite observar cómo la violencia contra el liderazgo altera redes de representación, confianza y negociación dentro de un territorio donde conviven organización comunitaria, advertencias estatales, estructuras armadas y mecanismos institucionales de protección que no siempre logran contener el riesgo. El verdadero impacto aparece después del homicidio: en quién asume los liderazgos, qué voces continúan hablando y cuánto miedo queda instalado alrededor de quienes consideran hacerlo.

Por eso el periodismo necesita las cifras, pero no puede terminar en ellas. Un país puede saber cuántos líderes ha perdido y, aun así, desconocer qué está perdiendo con cada uno. Solo cuando el periodismo logre transformar la cifra en contexto y la tragedia en análisis, estará cumpliendo su función democrática.

Centro Nacional de Memoria Histórica. (2 de septiembre de 2026). El CNMH condena el asesinato de dos líderes en Cajibío, Cauca: «Todas las víctimas importan». https://centrodememoriahistorica.gov.co/el-cnmh-condena-el-asesinato-de-dos-lideres-en-cajibio-cauca-todas-las-victimas-importan/

Comisión Nacional de Territorios Indígenas. (1 de septiembre de 2026). Defender la vida no puede seguir costándonos la vida. https://www.cntindigena.org/defender-la-vida-no-puede-seguir-costandonos-la-vida/

Consejo Regional Indígena del Cauca. (1 de septiembre de 2026). Rechazamos categóricamente los viles asesinatos de la lideresa y defensora de los derechos humanos María Ovidia Palechor y de su compañero, el líder social James Flor. https://www.cric-colombia.org/portal/rechazamos-categoricamente-los-viles-asesinatos-de-la-lideresa-y-defensora-de-los-derechos-humanos-maria-ovidia-palechor-y-de-su-companero-el-lider-social-james-flor/

Defensoría del Pueblo. (2 de marzo de 2023). Alerta Temprana de Inminencia 007-23. https://alertastempranas.defensoria.gov.co/Alerta/Details/91863

Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. (s. f.). Visor de asesinato a personas líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia. https://indepaz.org.co/observatorio-de-derechos-humanos-y-conflictividades/visor-de-asesinato-a-personas-lideres-sociales-y-defensores-de-derechos-humanos-en-colombia/

Leguizamo, B. (2 de septiembre de 2026). Gobernador del Cauca rechazó el asesinato de los líderes James Flor y María Palechor en Cajibío. Caracol Radio. https://caracol.com.co/2026/09/02/gobernador-del-cauca-rechazo-el-asesinato-de-los-lideres-james-flor-y-maria-palechor-en-cajibio/

Meza Loaiza, P. (6 de septiembre de 2026). El silencio que dejó el asesinato de los líderes María Ovidia y James Flor en Cajibío, Cauca. El Espectador. https://www.elespectador.com/judicial/el-silencio-que-dejo-el-asesinato-de-los-lideres-maria-ovidia-y-james-flor-en-cajibio-cauca/

Parada Lugo, V. (1 de septiembre de 2026). Asesinan a tiros a la pareja de líderes sociales María Ovidia Palechor y James Flor en el Cauca. El País. https://elpais.com/america-colombia/2026-09-01/asesinan-a-tiros-a-la-pareja-de-lideres-sociales-maria-ovidia-palechor-y-james-flor-en-el-cauca.html

Redacción Judicial. (1 de septiembre de 2026). Asesinan a María Palechor y James Flor, pareja de líderes sociales, en zona rural de Cajibío. El Espectador. https://www.elespectador.com/judicial/james-flor-y-maria-palechor-asesinan-a-pareja-de-lideres-sociales-en-zona-rural-de-cajibio/

Rodríguez, C. (Ed.). (2008). Lo que le vamos quitando a la guerra: Medios ciudadanos en contextos de conflicto armado en Colombia. Centro de Competencia en Comunicación para América Latina, Friedrich Ebert Stiftung.

Vidal, R. (1 de septiembre de 2026). En Cajibío, Cauca dos líderes sociales fueron asesinados por hombres armados. Caracol Radio. https://caracol.com.co/2026/09/01/en-cajibio-cauca-dos-lideres-sociales-fueron-asesinados-por-hombres-armados/